Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 14 de enero de 2018
Una de las principales obligaciones del gobierno de un país, si no es que la razón principal de su existencia, es garantizar la seguridad de sus habitantes. Y la salud es parte fundamental de esa seguridad. Un gobierno responsable garantiza el derecho a la salud y vela por ésta mediante un sistema público dedicado a ella, leyes en la materia, campañas de vacunación, acceso a medicamentos y regulación de éstos, y una inmensa serie de medidas más, todas vitales para el bienestar de la población.Por eso es preocupante ver que se presenten en la Cámara de Diputados iniciativas como la planteada el pasado 7 de noviembre (y difundida en los medios el 12 de diciembre) por el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del partido Morena, donde se propone modificar los artículos 6 y 93 de la Ley General de Salud, que rige en todo el país, para introducir en ella las llamadas “medicinas alternativas o complementarias”.
Conviene recordar que las “medicinas alternativas” son conocidas así precisamente por no ser reconocidas ni aceptadas por la comunidad científica y médica mundial. Y esto no por capricho ni por negocio (como querrían hacernos creer algunos conspiracionistas), sino porque no han sido capaces de demostrar su eficacia bajo condiciones controladas (como sí lo hacen todos los tratamientos aceptados por la medicina científica). En el momento que dicha eficacia quedara demostrada, las “medicinas alternativas” perderían su apellido para pasar a ser, simplemente, medicina.
La desafortunada iniciativa de Cañedo no parece malintencionada: plantea que el Sistema Nacional de Salud regule, opere y genere investigación en torno a estas terapias. Asimismo, plantea que requerirán ser reconocidas por la Secretaría de Salud, que supervisará su práctica y sancionará a quienes no cumplan con los estándares que establezca. Igualmente, propone que las autoridades de salud deberán monitorear su pertinencia, seguridad y eficacia. Todo esto es en principio bueno, porque ayudará a regular y meter en cintura a la gran cantidad de charlatanes irresponsables que ponen en peligro la salud de sus crédulos pacientes.
Cañedo justifica su iniciativa argumentando que estas “medicinas alternativas y complementarias” contribuirán a subsanar el déficit de cobertura que tiene el Sistema Nacional de Salud. Desgraciadamente, todo su planteamiento se derrumba debido al hecho más que probado de que dichas terapias no son, en realidad, sino seudomedicinas: se estaría estafando a los ciudadanos al ofrecerles subsanar sus deficiencias en materia de salud con tratamientos que carecen totalmente de eficacia. Flaco favor le hacen Cañedo, Morena y los diputados al proponer iniciativas como ésta. Ojalá la Secretaría de Salud –y su titular, el doctor José Narro– la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias, la UNAM y demás Universidades públicas, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias así como los Institutos Nacionales de Salud se manifestaran al respecto. La salud de los mexicanos no merece ser puesta en riesgo con iniciativas como ésta, que no aportan nada útil pero sí ayudan a promover la charlatanería y a dilapidar valiosos y escasos recursos.
¡Mira!
Es triste que lo que debía ser una experiencia gozosa para los ciudadanos, como disfrutar la pista de patinaje en hielo instalada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, a través de su programa “Capital Social”, en la recién remodelada Glorieta del Metro Insurgentes, se convierta en un asunto desagradable y humillante gracias a la falta de previsión de las autoridades y de capacitación del personal a cargo (aderezadas con un toque de homofobia). Fue lo que este columnista y su pareja vivieron el pasado domingo 7 de enero: se exige a los usuarios dejar bolsas y paquetes para acceder a la pista, pero no se proporciona servicio de guardarropa ni se garantiza la seguridad de las posesiones personales. Bastó expresar inconformidad ante la medida, antes de acatarla, para ser hostilizados por el personal con cualquier pretexto (usar bufanda, querer tomar una foto, incluso sujetarse del barandal por un momento –éramos, usuarios primerizos). El resultado fue que la única pareja del mismo sexo terminó siendo expulsada del local. Además, nadie del personal del Injuve que atiende accedió a identificarse; sólo un coordinador que parece haber dicho que su nombre era José Luis Armendáriz. Una verdadera lástima.
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