Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
23 de septiembre de 2018
Los charlatanes y estafadores han existido desde siempre. Y desde siempre ha habido quien esté dispuesto a creerles. Especialmente, personas que enfrentan inseguridades, temores, desgracias, enfermedades y otras situaciones de vulnerabilidad. Pero la actual era de internet y redes sociales, y uno de sus productos, la epidemia de desinformación, fake news y ese extraño fenómeno des-civilizatorio que llamamos “posverdad”, han ocasionado una verdadera explosión de embusteros que buscan aprovecharse de la credulidad de los ciudadanos.
Entre ellos, probablemente los más despreciables, y al mismo tiempo los más peligrosos, son quienes venden terapias y tratamientos seudomédicos que falsamente prometen curar o prevenir las más diversas enfermedades, desde el catarro común o las alergias hasta el cáncer, pasando por el sida, el Alzhéimer o el lupus.
En España se ha desatado desde hace unos meses un intenso debate público, en el que participan autoridades, médicos, científicos, agrupaciones profesionales, comunicadores y por supuesto los propios laboratorios que venden este tipo de seudoterapias.
Según entiendo, todo parte de la decisión de la entonces Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en abril de 2018, de permitir el registro sanitario de los más de 6 mil productos homeopáticos que se venden en España, con el objeto de permitir que se ofrezcan en farmacias como “medicamentos” (decisión que se entiende, en parte, debido a que por desgracia la Unión Europea tiene reglamentos que piden reconocer la existencia de este tipo de seudomedicinas).
Ante ello Carmen Montón, en ese momento Consejera de Sanitat de Valencia, protestó enérgicamente. Ella tenía claro que la homeopatía, como todo el resto de las “medicinas alternativas y complementarias”, es totalmente inútil desde el punto de vista terapéutico. (La diferencia por si tenía la duda, es que unas se usan en lugar de las terapias médicas legítimas, y otras “la complementan”.)
Montón afirmó que “Permitir que la homeopatía se venda en las farmacias como medicamento genera confusión y riesgo social, para la salud y para la economía de las personas”. Y tenía toda la razón. La venta de homeopatía y otras seudomedicinas en farmacias como si fueran medicamentos eficaces es nada menos que un fraude a la salud de los ciudadanos, que las autoridades no pueden avalar. Posteriormente, Montón fue nombrada Ministra de Sanidad en el gobierno del nuevo presidente español, Pedro Sánchez (su Ministro de Ciencia, Pedro Duque, es también un vehemente opositor de la homeopatía y otras seudomedicinas). Y aunque, debido a un escándalo relativo a un título de posgrado, Montón tuvo que renunciar a su cargo, la nueva Ministra de Sanidad española, María Luisa Carcedo, coincide en que “lo sensato sería que se le exigiera [a la homeopatía] lo mismo que a los medicamentos. El problema es el daño que puede hacer optar por una terapia alternativa que no ha demostrado evidencia científica”.
A decir verdad, en España y muchos otros países –entre ellos Inglaterra, Francia, Australia, Estados Unidos– se está discutiendo la necesidad de sacar a las “medicinas alternativas” de los sistemas de salud pública, informar a los ciudadanos de su nula efectividad terapéutica y hasta de su prohibición. En España la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP) ha presentado una demanda contra 62 médicos de Madrid y Valencia por tratar a pacientes con terapias seudocientíficas y vulnerar los códigos de conducta de sus respectivos Colegios Profesionales, al “levantar falsas esperanzas” y “perjudicar intencionadamente al paciente”. Porque los tratamientos “alternativos” no sólo dañan a los pacientes al hacerlos perder el tiempo sin recurrir a terapias realmente eficaces, o a abandonarlas una vez iniciadas, sino que a veces también los pueden perjudicar directamente (la herbolaria, por ejemplo, se halla entre las principales causas del daño hepático).
Por eso resulta tan preocupante que el pasado 17 de septiembre se haya realizado, en la Cámara de Diputados de nuestro país, el “Segundo Foro Internacional Integración de las Medicinas Tradicionales, Alternativas y Complementarias en los Sistemas de Salud”. Promovido por la diputada Lorena Cuellar Cisneros (del partido Morena, que tiene la mayoría en el Congreso), en dicho foro participaron diversos “especialistas” en seudoterapias reconocidamente inútiles, como el “tratamiento metabólico”, el ayurveda y hasta la “medicina cuántica” (hágame usted el favor).
Dichos invitados pertenecen a instituciones privadas de dudosa calidad y reputación, como la “Universidad (sic) Iberoamericana (resic) de Ciencias y Desarrollo Humano S.C.” (UNIBE; me pregunto si la prestigiada Universidad Iberoamericana no los habrá demandado por plagio de su nombre), que tiene un “Centro Universitario de Alternativas Médicas®” (sic con marca registrada) que promueve la “NATUROPATIA®” (recontrasic, con marca registrada, mayúsculas y sin acento en el original), o bien la “Sociedad para el Mejoramiento del Estilo y Calidad de Vida” (SIMEV), cuyos miembros al parecer practican disciplinas tan fraudulentas y desacreditadas como la astrología, la iridología, la “alimentación biocuántica”, la programación neurolingüística o los “elíxires aztecas” (cuya creadora, curiosamente, es argentina).
¿Por qué es alarmante la realización de un foro me seudomedicinas en el Congreso? Además de mostrar –una vez más– las inmensas lagunas en el conocimiento de nuestros representantes, porque el objetivo declarado del evento es, según reporta la oficina de Comunicación Social de la propia Cámara de Diputados, “sistematizar las bases científicas de estas disciplinas, para impulsar su reconocimiento oficial y, eventualmente, integrarlas al sistema de salud del país”.
En otras palabras, en un país como el nuestro, con un sistema de salud que presenta múltiples deficiencias y cuyos servicios son insuficientes para cubrir la creciente demanda, en vez de buscar la manera de ofrecer atención médica confiable y eficaz, basada en conocimiento médico y científico legítimo y verificado, ¡se pretende introducir terapias “alternativas” cuya ineficacia está más que demostrada! Yo diría que esto debería prender focos rojos en el Sector Salud, la comunidad médico-científica y entre los ciudadanos en general.
Porque no se trata de un evento aislado. De hecho, parece formar parte de una estrategia bien planeada, pues hace menos de un año, el 7 de noviembre de 2017, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, también de Morena, presentó una iniciativa de decreto para reformar los artículos 6o. y 93 de la Ley General de Salud, con el objeto de “impulsar el reconocimiento legal” de prácticas como el uso de “medicamentos a base de hierbas, la yoga, las técnicas de meditación, la hipnoterapia, el reiki, el tai chi” e “insertar el término ‘medicina alternativa’ en la Ley General de Salud [que, sorprendentemente, ya reconoce a la homeopatía, la acupuntura, la medicina tradicional indígena, la herbolaria y la quiropraxia], así como su integración en los sistemas de salud nacionales”. ¿Cómo se pretende justificar esta propuesta? Con argumentos como que “el sistema público de salud resulta insuficiente para cubrir la creciente demanda de atención médica” o que un 25.43% de la población del país “no cuenta con protección de ninguna institución o programa de seguridad social” (lo cual es cierto), así como apelando a la “libertad de elección de los usuarios que opten por la medicina alternativa y complementaria como forma de atender sus malestares físicos, emocionales y/o mentales” (lo cual es ya un sofisma intolerable: en aras de “respetar” la libertad de los ciudadanos para optar por tratamientos inútiles, ¿se les van a ofrecer éstos, poniendo en riesgo su salud?).
Cabe mencionar que, en un intento de parecer basada en un genuino espíritu científico, la iniciativa presentada por el diputado Cañedo indica que “La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública generarán información sobre la eficacia terapéutica de la medicina alternativa y complementaria”. Lo cual es totalmente inútil: tal información ya existe, producto de numerosísimas investigaciones que se han llevado a cabo en todo el mundo, durante décadas, que se pueden consultar en la literatura médica y que confirman más allá de toda duda la total ineficacia terapéutica de todas las terapias mencionadas, y muchas más. (Si fueran eficaces, ya formarían parte de los sistemas de salud de todo el mundo, y las grandes compañías farmacéuticas se estarían enriqueciendo con ellas. Como dice el comediante, músico y librepensador australiano Tim Minchin en su genial poema Storm, “¿Sabes cómo se le llama a la medicina alternativa que demuestra ser eficaz? Medicina.”)
Por si fuera poco, la Secretaría de Salud, a través de su Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, desarrolla al menos desde junio pasado una “Política Nacional de Medicinas Tradicionales, Alternativas y Complementarias en el Sistema Nacional de Salud”, que incluye una línea de acción para "Definir un cuadro básico de medicamentos homeopáticos para facilitar su adquisición, por servicios del Sistema Nacional de Salud”.
En otras palabras, parecería que hay una estrategia del actual gobierno para sustituir la medicina científica, basada en evidencia, por tratamientos carentes de eficacia pero eso sí, más baratos. Y, tomando en cuenta que las propuestas han sido apoyadas por Morena, y que el gobierno entrante, de ese partido, tiene el control del Congreso, no parece que la situación vaya a cambiar, sino al contrario: dicho proyecto podría recibir más impulso, en detrimento del derecho a la salud de millones de mexicanos.
¿Qué podemos hacer los especialistas en salud, las autoridades del ramo que conserven algo de responsabilidad profesional, los investigadores del área biomédica, los colegios de profesionales de la salud, las instituciones del sistema de salud, las universidades y organizaciones científicas, los comunicadores y los legisladores que sí entiendan la diferencia entre ciencia y seudociencia? No es tan difícil: en el caso de las medicinas tradicionales, fomentar su estudio para reducir los riesgos inherentes a su uso; en el de las “alternativas y complementarias”, asesorarse con especialistas y reconocer su carácter seudocientífico –ratificado por el consenso de la comunidad científica y médica global– y tomar las medidas pertinentes para excluirlas del sistema de salud pública. En última instancia, como ciudadanos todos, exigir al gobierno que nos proporcione el mejor servicio de salud posible, basado en el más reciente conocimiento médico basado en evidencia.
¿O vamos a dejar que nos den gato por liebre?
Contacto: mbonfil@unam.mx
Por si fuera poco, la Secretaría de Salud, a través de su Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, desarrolla al menos desde junio pasado una “Política Nacional de Medicinas Tradicionales, Alternativas y Complementarias en el Sistema Nacional de Salud”, que incluye una línea de acción para "Definir un cuadro básico de medicamentos homeopáticos para facilitar su adquisición, por servicios del Sistema Nacional de Salud”.
En otras palabras, parecería que hay una estrategia del actual gobierno para sustituir la medicina científica, basada en evidencia, por tratamientos carentes de eficacia pero eso sí, más baratos. Y, tomando en cuenta que las propuestas han sido apoyadas por Morena, y que el gobierno entrante, de ese partido, tiene el control del Congreso, no parece que la situación vaya a cambiar, sino al contrario: dicho proyecto podría recibir más impulso, en detrimento del derecho a la salud de millones de mexicanos.
¿Qué podemos hacer los especialistas en salud, las autoridades del ramo que conserven algo de responsabilidad profesional, los investigadores del área biomédica, los colegios de profesionales de la salud, las instituciones del sistema de salud, las universidades y organizaciones científicas, los comunicadores y los legisladores que sí entiendan la diferencia entre ciencia y seudociencia? No es tan difícil: en el caso de las medicinas tradicionales, fomentar su estudio para reducir los riesgos inherentes a su uso; en el de las “alternativas y complementarias”, asesorarse con especialistas y reconocer su carácter seudocientífico –ratificado por el consenso de la comunidad científica y médica global– y tomar las medidas pertinentes para excluirlas del sistema de salud pública. En última instancia, como ciudadanos todos, exigir al gobierno que nos proporcione el mejor servicio de salud posible, basado en el más reciente conocimiento médico basado en evidencia.
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