El retorno de los brujos: charlatanería médica en el Congreso

Por Martín Bonfil Olivera

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

23 de septiembre de 2018

Los charlatanes y estafadores han existido desde siempre. Y desde siempre ha habido quien esté dispuesto a creerles. Especialmente, personas que enfrentan inseguridades, temores, desgracias, enfermedades y otras situaciones de vulnerabilidad.

Pero la actual era de internet y redes sociales, y uno de sus productos, la epidemia de desinformación, fake news y ese extraño fenómeno des-civilizatorio que llamamos “posverdad”, han ocasionado una verdadera explosión de embusteros que buscan aprovecharse de la credulidad de los ciudadanos.

Entre ellos, probablemente los más despreciables, y al mismo tiempo los más peligrosos, son quienes venden terapias y tratamientos seudomédicos que falsamente prometen curar o prevenir las más diversas enfermedades, desde el catarro común o las alergias hasta el cáncer, pasando por el sida, el Alzhéimer o el lupus.

En España se ha desatado desde hace unos meses un intenso debate público, en el que participan autoridades, médicos, científicos, agrupaciones profesionales, comunicadores y por supuesto los propios laboratorios que venden este tipo de seudoterapias.

Según entiendo, todo parte de la decisión de la entonces Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en abril de 2018, de permitir el registro sanitario de los más de 6 mil productos homeopáticos que se venden en España, con el objeto de permitir que se ofrezcan en farmacias como “medicamentos” (decisión que se entiende, en parte, debido a que por desgracia la Unión Europea tiene reglamentos que piden reconocer la existencia de este tipo de seudomedicinas).

Ante ello Carmen Montón, en ese momento Consejera de Sanitat de Valencia, protestó enérgicamente. Ella tenía claro que la homeopatía, como todo el resto de las “medicinas alternativas y complementarias”, es totalmente inútil desde el punto de vista terapéutico. (La diferencia por si tenía la duda, es que unas se usan en lugar de las terapias médicas legítimas, y otras “la complementan”.)

Montón afirmó que “Permitir que la homeopatía se venda en las farmacias como medicamento genera confusión y riesgo social, para la salud y para la economía de las personas”. Y tenía toda la razón. La venta de homeopatía y otras seudomedicinas en farmacias como si fueran medicamentos eficaces es nada menos que un fraude a la salud de los ciudadanos, que las autoridades no pueden avalar. Posteriormente, Montón fue nombrada Ministra de Sanidad en el gobierno del nuevo presidente español, Pedro Sánchez (su Ministro de Ciencia, Pedro Duque, es también un vehemente opositor de la homeopatía y otras seudomedicinas). Y aunque, debido a un escándalo relativo a un título de posgrado, Montón tuvo que renunciar a su cargo, la nueva Ministra de Sanidad española, María Luisa Carcedo, coincide en que “lo sensato sería que se le exigiera [a la homeopatía] lo mismo que a los medicamentos. El problema es el daño que puede hacer optar por una terapia alternativa que no ha demostrado evidencia científica”.

A decir verdad, en España y muchos otros países ­–entre ellos Inglaterra, Francia, Australia, Estados Unidos– se está discutiendo la necesidad de sacar a las “medicinas alternativas” de los sistemas de salud pública, informar a los ciudadanos de su nula efectividad terapéutica y hasta de su prohibición. En España la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP) ha presentado una demanda contra 62 médicos de Madrid y Valencia por tratar a pacientes con terapias seudocientíficas y vulnerar los códigos de conducta de sus respectivos Colegios Profesionales, al “levantar falsas esperanzas” y “perjudicar intencionadamente al paciente”. Porque los tratamientos “alternativos” no sólo dañan a los pacientes al hacerlos perder el tiempo sin recurrir a terapias realmente eficaces, o a abandonarlas una vez iniciadas, sino que a veces también los pueden perjudicar directamente (la herbolaria, por ejemplo, se halla entre las principales causas del daño hepático).

Por eso resulta tan preocupante que el pasado 17 de septiembre se haya realizado, en la Cámara de Diputados de nuestro país, el “Segundo Foro Internacional Integración de las Medicinas Tradicionales, Alternativas y Complementarias en los Sistemas de Salud”. Promovido por la diputada Lorena Cuellar Cisneros (del partido Morena, que tiene la mayoría en el Congreso), en dicho foro participaron diversos “especialistas” en seudoterapias reconocidamente inútiles, como el “tratamiento metabólico”, el ayurveda y hasta la “medicina cuántica” (hágame usted el favor).

Dichos invitados pertenecen a instituciones privadas de dudosa calidad y reputación, como la “Universidad (sic) Iberoamericana (resic) de Ciencias y Desarrollo Humano S.C.” (UNIBE; me pregunto si la prestigiada Universidad Iberoamericana no los habrá demandado por plagio de su nombre), que tiene un “Centro Universitario de Alternativas Médicas®” (sic con marca registrada) que promueve la “NATUROPATIA®” (recontrasic, con marca registrada, mayúsculas y sin acento en el original), o bien la “Sociedad para el Mejoramiento del Estilo y Calidad de Vida” (SIMEV), cuyos miembros al parecer practican disciplinas tan fraudulentas y desacreditadas como la astrología, la iridología, la “alimentación biocuántica”, la programación neurolingüística o los “elíxires aztecas” (cuya creadora, curiosamente, es argentina).

¿Por qué es alarmante la realización de un foro me seudomedicinas en el Congreso? Además de mostrar –una vez más– las inmensas lagunas en el conocimiento de nuestros representantes, porque el objetivo declarado del evento es, según reporta la oficina de Comunicación Social de la propia Cámara de Diputados, “sistematizar las bases científicas de estas disciplinas, para impulsar su reconocimiento oficial y, eventualmente, integrarlas al sistema de salud del país”.

En otras palabras, en un país como el nuestro, con un sistema de salud que presenta múltiples deficiencias y cuyos servicios son insuficientes para cubrir la creciente demanda, en vez de buscar la manera de ofrecer atención médica confiable y eficaz, basada en conocimiento médico y científico legítimo y verificado, ¡se pretende introducir terapias “alternativas” cuya ineficacia está más que demostrada! Yo diría que esto debería prender focos rojos en el Sector Salud, la comunidad médico-científica y entre los ciudadanos en general.

Porque no se trata de un evento aislado. De hecho, parece formar parte de una estrategia bien planeada, pues hace menos de un año, el 7 de noviembre de 2017, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, también de Morena, presentó una iniciativa de decreto para reformar los artículos 6o. y 93 de la Ley General de Salud, con el objeto de “impulsar el reconocimiento legal” de prácticas como el uso de “medicamentos a base de hierbas, la yoga, las técnicas de meditación, la hipnoterapia, el reiki, el tai chi” e “insertar el término ‘medicina alternativa’ en la Ley General de Salud [que, sorprendentemente, ya reconoce a la homeopatía, la acupuntura, la medicina tradicional indígena, la herbolaria y la quiropraxia], así como su integración en los sistemas de salud nacionales”.

¿Cómo se pretende justificar esta propuesta? Con argumentos como que “el sistema público de salud resulta insuficiente para cubrir la creciente demanda de atención médica” o que un 25.43% de la población del país “no cuenta con protección de ninguna institución o programa de seguridad social” (lo cual es cierto), así como apelando a la “libertad de elección de los usuarios que opten por la medicina alternativa y complementaria como forma de atender sus malestares físicos, emocionales y/o mentales” (lo cual es ya un sofisma intolerable: en aras de “respetar” la libertad de los ciudadanos para optar por tratamientos inútiles, ¿se les van a ofrecer éstos, poniendo en riesgo su salud?).

Cabe mencionar que, en un intento de parecer basada en un genuino espíritu científico, la iniciativa presentada por el diputado Cañedo indica que “La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública generarán información sobre la eficacia terapéutica de la medicina alternativa y complementaria”. Lo cual es totalmente inútil: tal información ya existe, producto de numerosísimas investigaciones que se han llevado a cabo en todo el mundo, durante décadas, que se pueden consultar en la literatura médica y que confirman más allá de toda duda la total ineficacia terapéutica de todas las terapias mencionadas, y muchas más. (Si fueran eficaces, ya formarían parte de los sistemas de salud de todo el mundo, y las grandes compañías farmacéuticas se estarían enriqueciendo con ellas. Como dice el comediante, músico y librepensador australiano Tim Minchin en su genial poema Storm, “¿Sabes cómo se le llama a la medicina alternativa que demuestra ser eficaz? Medicina.”)

Por si fuera poco, la Secretaría de Salud, a través de su Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, desarrolla al menos desde junio pasado una “Política Nacional de Medicinas Tradicionales, Alternativas y Complementarias en el Sistema Nacional de Salud”, que incluye una línea de acción para "Definir un cuadro básico de medicamentos homeopáticos para facilitar su adquisición, por servicios del Sistema Nacional de Salud”.

En otras palabras, parecería que hay una estrategia del actual gobierno para sustituir la medicina científica, basada en evidencia, por tratamientos carentes de eficacia pero eso sí, más baratos. Y, tomando en cuenta que las propuestas han sido apoyadas por Morena, y que el gobierno entrante, de ese partido, tiene el control del Congreso, no parece que la situación vaya a cambiar, sino al contrario: dicho proyecto podría recibir más impulso, en detrimento del derecho a la salud de millones de mexicanos.

¿Qué podemos hacer los especialistas en salud, las autoridades del ramo que conserven algo de responsabilidad profesional, los investigadores del área biomédica, los colegios de profesionales de la salud, las instituciones del sistema de salud, las universidades y organizaciones científicas, los comunicadores y los legisladores que sí entiendan la diferencia entre ciencia y seudociencia? No es tan difícil: en el caso de las medicinas tradicionales, fomentar su estudio para reducir los riesgos inherentes a su uso; en el de las “alternativas y complementarias”, asesorarse con especialistas y reconocer su carácter seudocientífico –ratificado por el consenso de la comunidad científica y médica global– y tomar las medidas pertinentes para excluirlas del sistema de salud pública. En última instancia, como ciudadanos todos, exigir al gobierno que nos proporcione el mejor servicio de salud posible, basado en el más reciente conocimiento médico basado en evidencia.

¿O vamos a dejar que nos den gato por liebre?

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Generaciones, ideología y ciencia

Por Martín Bonfil Olivera

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

Publicado en Milenio Diario, 26 de agosto de 2018

La idea de existen “generaciones”, entendidas como grupos de personas nacidas en ciertos años y definidas por ello y por las circunstancias histórico-culturales que les tocó vivir, sobre todo en su juventud –baby-boomers, generación X, millenials, y las que sigan– es sin duda una generalización y un estereotipo.

Pero las generalizaciones y los estereotipos no son siempre tonterías ni caprichos que busquen discriminar o descalificar. Muchas veces son atajos para pensar, que ayudan a entender algo de manera fácil y rápida, por más que con frecuencia puedan engañar o desviar nuestro pensamiento (y evidentemente, muchas veces refuerzan prejuicios negativos).

Los millenials, por ejemplo, han sido caracterizados como una generación sin resistencia a la frustración, que se creen merecedores de todo y que no maduran. La evidencia de que realmente todos, o una mayoría, sean así es, por decir lo menos, muy dudosa. Pero tampoco es totalmente falso que muchos presenten estos rasgos.

Yo, como típico representante de la generación X que crecí en mi infancia con música disco y de ABBA –acabo de disfrutar como enano la maravillosa película Mamma mia, here we go again–, y caricaturas como los Picapiedra y los Supersónicos, y que en mi juventud viví la explosión cultural –música, ropa, maquillaje, locura– de los 80, encuentro en mucha de la discusión política actual algo que me llama la atención, en particular en los representantes de la generación que precedió muy de cerca de la mía: los baby boomers (de la que mis hermanos mayores y muchos de mis colegas y amigos forman parte).

Los baby boomers son la generación de la paz, del movimiento hippie, de la liberación sexual, pero también los que vivieron la revolución cubana, las dictaduras militares y las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica. Y, muy señaladamente, los movimientos estudiantiles del 68, que ocurrieron en Francia y varios otros países pero que aquí en México hicieron crisis en la terrible matanza del 2 de octubre. Eso, sin duda marcó su formación política y sus convicciones ideológicas.

Mi generación, la X, no vivió el 68 más que a través de los relatos de nuestros padres y hermanos mayores (aunque algunos, como yo, ya habíamos nacido, éramos niños pequeños: yo celebraba mi tercer cumpleaños ese fatídico 2 de octubre). Y no quedamos marcados tan profundamente, ni en lo político ni en lo ideológico, por ese suceso. En ese sentido –aunque nuevamente es una generalización arriesgada– creo que, a diferencia de la generación anterior, nuestras convicciones políticas no incluyen una lucha tan comprometida por las libertades y contra lo que se percibe contra como el imperialismo, el capitalismo o, más recientemente el neoliberalismo.

En mi experiencia personal, veo a muchos baby boomers que, luego de una vida donde sus luchas estudiantiles quedaron en segundo plano mientras maduraban y se dedicaban a trabajar y formar una familia, y casi como si hubiera una cierta sensación de culpa por los ideales olvidados, recuperan hoy estas luchas con renovado entusiasmo.

(Curiosamente, los millenials, que básicamente son hijos de los baby boomers, parecen hoy retomar las convicciones de sus padres, y presentan convicciones muy arraigadas e intensas en cuanto a la lucha democrática y esa visión ideológica que tiende a ver el mundo de forma más bien binaria, dividido en capitalismo versus socialismo, opresores versus oprimidos, etc.)

En México, la larga campaña de Andrés Manuel López Obrador, que por más de 18 años buscó ganar la presidencia, basada en la idea de una “nueva república”, una “renovación nacional”, un “nuevo régimen” o una “cuarta transformación” que promete remediar todo lo que es malo e injusto en el país y traer una nueva era de prosperidad y justicia para todos, coincide con esa vieja idea de la lucha izquierdista que tenían los baby boomers (y sus hijos millenials). Quizá por ello muchos han abrazando con fervor casi religioso este movimiento.

Curiosamente, ese tipo pensamiento de izquierda setentera –y no lo digo con sorna: forma también parte de mis convicciones y mi educación familiar– también parece manifestarse en un sesgo ideológico que, al tiempo que busca reconocer e incorporar las tradiciones, el multiculturalismo y los conocimientos tradicionales de las diversas comunidades que conforman las naciones, adopta igualmente un estilo de pensamiento mágico que incluye creencias supersticiosas, apoya supuestas “medicinas alternativas” que jamás han logrado demostrar su eficacia, y hasta llega a equiparar creencias tradicionales con el conocimiento científico. Lo que el escritor, periodista y divulgador científico radicado en España Mauricio-José Schwarz ha denominado “la izquierda feng-shui” (vale la pena leer su libro homónimo, Ariel, 2017).

El pasado 25 de agosto, la persona designada por López Obrador para encabezar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el próximo sexenio, Elena Álvarez-Buylla, expresa en una reveladora entrevista en el diario La Jornada (disponible en http://bit.ly/2Ltihl4), cómo sus convicciones ideológicas están como para ella por encima de la producción y aplicación del conocimiento científico, basado en evidencia verificable, y comprobablemente eficaz. Entre otras cosas, y entre insistentes referencias a “paradigmas neoliberales”, a lo “dañino” de la competencia entre científicos, a modelos “más cooperativos y menos patriarcales” y a “colaboraciones virtuosas” (una de sus palabras preferidas), la futura funcionaria afirma: “Vamos a cambiar de un modelo de competencia a ultranza a un modelo de cooperación y solidaridad sustancial, un poco aprendiendo de nuestros pueblos originarios que hacen tequio [cursivas mías] para todo y así resuelven los problemas”.

Por si usted, como yo, no lo sabía, el tequio es, según la Wikipedia, una “faena o trabajo colectivo no remunerado que todo vecino de un pueblo debe a su comunidad”, y añade que “es una costumbre prehispánica que con diversos matices continúa arraigada en varias zonas de este país” (aunque el diccionario de la Real Academia lo defina, al parecer erróneamente, como una “tarea o faena que se realiza para pagar un tributo”).

En la visión del futuro Conacyt que delinea en la entrevista, Álvarez-Buylla insiste también en poner el “conocimiento autóctono” o tradicional en plano de igualdad con el científico.

Inquieta esta visión del nuevo Conacyt, principal rector de ciencia, la tecnología y la innovación en el país. A nivel internacional, el control de calidad de la investigación científica se basa en el sistema de evaluación por pares (en el que, nos guste o no, las revistas arbitradas juegan un papel central). La visión planteada por Álvarez-Buylla para el nuevo Conacyt parecería proponer prácticas quizá más “democráticas”, pero sin duda menos rigurosas –como el tequío– como alternativas para tomar decisiones que afectarán a la ciencia nacional. Esto es más preocupante si se toma en cuenta que se plantea centralizar gran parte de la política científica en el propio Conacyt (en la misma línea que el gobierno entrante parece querer centralizar casi todas las decisiones de poder, debilitando así el federalismo y la pluralidad democrática).

Equiparar el “conocimiento tradicional” con el científico no es sólo un error de categorización que revela una pobre concepción filosófica respecto a la ciencia, el conocimiento que produce y su importancia en la sociedad. También abre la puerta a una multitud de “conocimientos alternativos” que pretenden presentarse como equivalentes con el producido por la ciencia.

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AMLO, la ciencia y el aeropuerto

Por Martín Bonfil Olivera

Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

Publicado en Milenio Diario, 19 de agosto de 2018

Cuando uno va en primaria y pregunta, a padres o maestros, qué es la democracia, recibe una respuesta simple: “el gobierno de las mayorías, que votan para elegir quién gobierna”, o algo similar. 

Luego, en secundaria, en clase de civismo, los de mi generación (porque entiendo que materias “superfluas” como esa ya no se imparten, igual que se ha decidido eliminar los muy formativos y utilísimos talleres), uno recibía un poco más de información sobre cómo funciona –idealmente– el sistema democrático: cómo hay tres poderes; cómo el congreso, como el presidente, es también elegido por votación directa, pero no así los miembros del poder judicial; cómo se supone que los contrapesos entre estos tres poderes, y entre el gobierno federal y los estatales, ayudan a establecer un equilibrio democrático que impida abusos e injusticias. 

Y, si tenía uno un poco de suerte, en la escuela o la familia iba uno entendiendo que precisamente el objetivo de elegir a esos gobernantes era que se ocuparan en tomar las decisiones necesarias para gobernar adecuadamente el país, y se responsabilizaran por ellas. 

Pero, como ningún gobernante o funcionario es experto en todo –y muchas veces, por desgracia, en nuestro país suelen no serlo en nada, aparte de obtener puestos–, es necesario que cuenten con equipos de profesionales de carrera –esos sí, expertos en sus diversos campos– además de asesores especialistas, además de, en caso necesario, escuchar las voces de los expertos de instituciones académicas y las asociaciones de profesionales. ¿Para qué? Para poder tomar, con base en el conocimiento y experiencia de los expertos, las muchas veces complicadas decisiones que el gobierno de un país requiere. 

En cualquier sociedad democrática que aspire a ser moderna, el conocimiento científico y tecnológico –basado en investigación rigurosa, evidencia confirmable y razonamiento lógico y sólido, y revisada y verificada por el escrutinio minucioso y constante de una comunidad de expertos– es indispensable para tomar decisiones acertadas en un sinnúmero de asuntos de gobierno. 

Un gobierno que se apoye en la ciencia y la tecnología más avanzadas posible será un gobierno exitoso, de un país próspero. Un gobierno que elija ignorar el conocimiento científico y técnico correrá el riesgo de tomar decisiones trágicamente erradas. Como el de Sudáfrica bajo la presidencia de Thabo Mbeki, que al adoptar las posturas negacionistas del sida causó, entre 2000 y 2005, más de 300 mil muertes y 35 mil infecciones de recién nacidos. O las del impresentable Donald Trump, que con su negacionismo del cambio climático ha saboteado y casi destrozado los esfuerzos de los Estados Unidos, y del mundo, por aminorar los efectos de este fenómeno. 

Hoy, el nuevo presidente electo de nuestro país, que ya comienza de facto a gobernar, anuncia medidas que suenan bien para mostrar que cumplirá sus promesas de campaña, pero que en realidad parecen más estar basadas en ocurrencias y caprichos que en datos confiables, información certera y, sobre todo, valoraciones expertas. Ocurrencias como la de descentralizar secretarías de estado y organismos de gobierno como el Conacyt, sin que hasta el momento haya la menor justificación de por qué hacerlo o por qué se han elegido las ciudades mencionadas. 


En estos días el tema que domina es el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), en Texcoco, cuya obra como se sabe ya está muy avanzada y cuya decisión muy probablemente no se tomó a la ligera, sino basándose ­–entre otros factores– en estudios serios. El problema es claro: el actual aeropuerto es totalmente insuficiente, y se necesita uno nuevo. La alternativa planteada por López Obrador es habilitar la base aérea de Santa Lucía para complementar la instalación actual. López Obrador ofreció “cancelar” el NAIM desde su campaña, porque efectivamente, el proyecto tiene claroscuros que justifican que sea revisado a fondo para valorar los pros y contras de la decisión. 

En apariencia que eso es lo que el futuro mandatario está haciendo, al convocar a expertos, partes interesadas y futuros miembros de su gabinete a analizar el caso. No deseo meterme a analizar los distintos aspectos técnicos, ambientales, económicos, políticos y demás que involucra el proyecto, puesto que ya se están discutiendo ampliamente en los medios. Pero sí mencionaré que preocupa, y preocupa profundamente, la manera como se planea tomar la decisión. 

Ya se presentó un informe con un balance costo-beneficio (recordemos que ningún proyecto, y sobre todo ningún gran proyecto, puede carecer de efectos negativos), pero se anunció también que el resultado de un análisis experto encargado a la organización no lucrativa MITRE (asociada al Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, una de las más prestigiadas instituciones en el campo de la ciencia y tecnología mundiales), ha determinado que la opción de conservar el actual aeropuerto y complementarlo con el de Santa Lucía es totalmente inviable. 

Aún así, Obrador insiste en buscar otros análisis (¿hasta que encuentre uno que diga lo que él quiere?) y, más grave, ha anunciado que en octubre, luego de poner toda la información a disposición del público, se llevará a cabo una “consulta popular vinculatoria”, para que sea el pueblo quien decida. 

Ya muchas voces han salido, en medios y redes sociales, a denunciar lo inaceptable de este proceso. Es cierto que idealmente, los ciudadanos de una democracia deberían, con base en información confiable, participar en las decisiones que su sociedad tome en relación con temas científicos y tecnológicos. Pero también es cierto que es responsabilidad del gobierno, asesorado por expertos, y de nadie más, el tomar decisiones como las del nuevo aeropuerto. 

(No quiero ni imaginar lo que pasaría, por ejemplo, si en la toma de decisiones políticas en temas que afectan a la sociedad y al ambiente, como por ejemplo la construcción de una nucleoeléctrica o una presa; la legalización del aborto o el matrimonio igualitario; la vacunación obligatoria de los infantes; la autorización de la siembra de o la experimentación con cultivos transgénicos; la educación laica y muchos otros asuntos, la responsabilidad se trasladara de gobernantes asesorados por expertos confiables a “el pueblo”, representado a través de consultas. Podríamos descender, como avizora el investigador Marcelino Cereijido, del CINVESTAV, a un “oscurantismo democrático”.) 

Pareciera que la visión de la democracia que tiene el presidente electo es la de un niño de primaria. Pero no hay que olvidar, tampoco, que ese tipo de “consultas populares”, de las que nadie puede garantizar su integridad, y que por su propia naturaleza son fácilmente manipulables, son uno de los mecanismos que los gobiernos autoritarios han usado para legitimizar las decisiones que buscan imponer. Ya hay quien señala que otras decisiones que el futuro gobierno ve con beneplácito, como la propia “descentralización” de las secretarías de estado, o la construcción del “tren maya”, no serán, al parecer, sometidas a consulta. ¿Doble rasero? 

La decisión sobre el aeropuerto, y cualquier otra donde la ciencia y la técnica tengan algo que decir, deben tomarse con base en el conocimiento de los mejores expertos disponibles. Pretender someterlas a tramposas “consultas populares” no es más que demagogia propia, sí, de gobiernos populistas.

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Encuestas

Por Martín Bonfil Olivera
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 24 de junio de 2018

En estos días todo mundo habla de encuestas. Principalmente porque queremos prever lo que pasará en la elección del próximo domingo, que podría decidir el futuro de nuestro país para los próximos seis años.

Pero el año pasado, entre el 16 de octubre y el 15 de noviembre, se llevó a cabo una encuesta distinta, y también muy importante para augurar qué le puede esperar a nuestra nación en años venideros.

Se trata de la ENPECYT, o Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, que desde 1997 lleva a cabo cada dos años el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a petición del CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), y que busca conocer qué tanto interés, y qué conocimientos y actitudes, tienen los ciudadanos mexicanos hacia esos temas.

La encuesta se realiza mediante entrevistas en 3 mil 200 hogares en 32 áreas urbanas con más de 100 mil habitantes de todo el país, lo cual garantiza que sea estadísticamente representativa. Los encuestados fueron mexicanos de 18 años en adelante.

Los resultados presentan pocas sorpresas.

En el campo del interés, la encuesta indicaría que 36% de los mexicanos tiene un interés grande o muy grande en la ciencia y tecnología, 39% moderado, y un preocupante 25% dijo no tener ningún interés. Dado que, para comparar, se preguntó sobre política y sólo 16% dijo tener un interés grande o muy grande, y 43% nulo, uno podría pensar que las cifras no son tan malas. Incluso al preguntar sobre deportes o espectáculos, el nivel de interés alto era, respectivamente, de 37 y 24%, y el nulo de 22 y 24%. Pero, si pensamos que una población en la que a casi la mitad no le interesa la política es fácilmente manipulable, y en la que una cuarta parte no le interesa la ciencia difícilmente la apoyará para promover el desarrollo de la nación, las cifras quizá no son tan tranquilizadoras como parecen.

La cosa empeora cuando se le pregunta a la gente ya no en general sobre “nuevos inventos y descubrimientos científicos”, como arriba, sino más específicamente sobre su interés en ciencias exactas: ahí el interés alto o muy alto es de sólo 23% y el nulo de 42%; casi tan mal como en política. Mi conclusión: nuestro sistema educativo no está cumpliendo con comunicar a los jóvenes la importancia ni de la política ni de la ciencia.

Por otro lado, cuando entramos a la parte de conocimientos y actitudes, el panorama es aún menos halagüeño: aunque yo siempre he dicho que muchas de las preguntas de la ENPECYT están mal formuladas o no son representativas, siempre es preocupante ver que 63% de los mexicanos declara no consultar siquiera información sobre ciencia y tecnología; porcentaje que ha crecido; en 2015 era de 54%. (Por cierto: es muy interesante ver que los medios que consulta el público que sí busca dicha información son prioritariamente impresos: revistas, con 49%, y periódicos, con 44, contra TV y radio con 27 y 10%, respectivamente. Desgraciadamente, la encuesta no incluye internet en esta pregunta, una gravísima omisión que hay que remediar cuanto antes.)

Es curioso que, aunque 24% dijo estar bien o muy bien informado en cuanto a temas de ciencia y tecnología (contra 40% en deportes, 18% en política y 24% en espectáculos), a la hora de responder preguntas la cosa cambia. Nos enteramos de que, aunque 96% de los encuestados saben que fumar causa cáncer, 88% que el centro de la Tierra es muy caliente y 85% que el ser humano llegó a la Luna (¡tomen eso, conspiracionistas!), 65% responde que la Tierra da una vuelta al Sol en un mes (aunque eso no necesariamente indica que lo crean; posiblemente muchos entienden mal la pregunta o no prestan atención), y sólo 19% sabe que los antibióticos no son eficaces para combatir infecciones virales.

Y aunque un elevado 92% opina que el gobierno debería invertir más en investigación científica (menos de un 5% está “en desacuerdo o muy en desacuerdo”), 70% se opone a la clonación de animales, y un desalentador 46% –casi la mitad de los encuestados– está de acuerdo con la afirmación de que “Debido a sus conocimientos, los investigadores científicos tienen un poder que los hace peligrosos” (una de las preguntas más polémicas y mal formuladas de la encuesta, pero que siempre llama la atención de los medios). Y un francamente alarmante 77% está de acuerdo o muy de acuerdo en que “Existen medios adecuados para el tratamiento de enfermedades que la ciencia no reconoce, como acupuntura, quiropráctica, homeopatía y limpias”. En otras palabras, tres cuartas partes de la población no tiene la capacidad para distinguir entre ciencia y seudociencia ni siquiera cuando se trata de algo tan vital como su salud (porque, como debería ser bien sabido, todas las terapias mencionadas son comprobadamente inútiles desde el punto de vista terapéutico).

La encuesta tiene muchísimos más datos a los que se les puede sacar mucho jugo (si usted gusta, puede hallar toda la información en este link: bit.ly/2tz026L). Pero en general, sus resultados no han cambiado gran cosa a lo largo de los años, y pintan un panorama poco gratificante: quizá el mexicano no tiene una percepción tan mala de la ciencia, pero su conocimiento científico sí tiene grandes y peligrosas lagunas. Y su actitud hacia los científicos, el conocimiento que producen y la tecnología que se deriva de éste es más bien ambivalente: confían y apoyan en algunas cosas, pero ante otras se oponen y tienen temor.

Por cierto, estos resultados coinciden a grandes rasgos con los publicados en otra encuesta reciente, dada a conocer por la encuestadora Parametría en febrero de este año y comentada en su momento en este espacio.

Al final, yo diría que los resultados dejan claro que hay que reforzar la enseñanza de la ciencia, sobre todo a nivel básico y medio (incluyendo no sólo conocimientos científicos, sino hábitos de pensamiento crítico y contexto sobre la importancia social de la ciencia y la tecnología), y por supuesto redoblar el apoyo las actividades de divulgación científica, a través de todos los medios, para toda la población.

Ningún esfuerzo e inversión que se haga en esa dirección será demasiado.

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Políticos e incultura científica

Por Martín Bonfil Olivera
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 17 de junio de 2018

Los candidatos

El pasado martes 12 de junio los mexicanos pudimos seguir el tercer debate entre los candidatos a la presidencia del país en las elecciones que se llevarán a cabo en 15 días.

Por alguna extraña razón, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió incluir, en esta ocasión, el tema de ciencia y tecnología en el segundo bloque del debate, junto con el de la educación.

Digo “extraña” porque es raro que, en unas elecciones, se mencione siquiera a la ciencia y tecnología. En ese sentido, fue un acierto y una buena señal que se incluyeran. Pero en realidad lo que ocurrió fue, primero, que el tema de la educación dominó el bloque; y segundo, que cuando sí hablaron de ciencia y tecnología, lo que dijeron los tres candidatos fue bastante lamentable (ignoro al cuarto, pues me parece indigno de ser tomado en serio).

Fue lamentable porque, por la pobreza general de sus propuestas, los candidatos evidenciaron la estrechez de su cultura científica. Todos tienden a confundir la ciencia con la tecnología, y a la tecnología (que se refiere a la investigación que produce desarrollos propios patentables, basados en ciencia, que pueden dar origen y fortalecer a industrias nacionales, contribuyendo así a elevar el nivel económico y competitivo del país) con la compra de simples aparatos (gadgets) que son producidos por empresas extranjeras.

Propuestas como aumentar la cobertura de internet, hacerlo gratuito, repartir tablets a los estudiantes, instalar paneles solares (Anaya), usar la “huella digital” (quién sabe a qué se refería Meade cuando lo propuso) como “sistema de identificación universal”, fomentar el uso de energías renovables… todas ellas, útiles aunque vagas, caen en el rubro de “comprar tecnología”, no en el de desarrollar la propia, y menos en el de apoyar la investigación científica y tecnológica nacional.

Otras propuestas se quedan en meras vaguedades, discurso hueco sin mucho contenido: “fomentar que la ciencia que se genera en las universidades se aplique en la sociedad” (Anaya), “usar la ciencia y tecnología para resolver problemas de inseguridad y corrupción” (Meade).

En cambio otras más, como la de elevar la inversión en ciencia y tecnología (López Obrador, que ofreció incrementarla al 1% del Producto Interno Bruto, PIB, mismo ofrecimiento que hiciera Peña Nieto en su momento), repatriar a los científicos mexicanos en el extranjero (Meade) o fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para evitar la fuga de cerebros son propuestas sensatas, que ojalá se volvieran realidad.

Un ejemplo del discurso de la
investigadora: "muerte o transgénicos"

Pero quizá lo que llamó más la atención –y causó revuelo entre la comunidad científica– es la propuesta de López Obrador de nombrar a la doctora Elena Álvarez-Buylla como directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Candidatura polémica, porque aunque se trata indudablemente de una ecóloga mexicana de primer nivel y reconocida reputación –recientemente recibió el Premio Nacional de Ciencias–, es bien conocida también por su activismo extremo en contra de los organismos genéticamente modificados (transgénicos), activismo que lleva en ocasiones a límites difíciles de justificar con base en la evidencia y el consenso científico mundial, y que llegan a rayar en la intransigencia (insiste, por ejemplo, en que su consumo puede ser dañino para la salud, a pesar de toda la evidencia acumulada durante décadas en sentido contrario, y es bien sabido que suele acusar a los expertos que discrepan de esa opinión de estar pagados por la industria agrobiotecnológica trasnacional). Por ello, y por su total falta de experiencia en puestos político-administrativos, es difícil que la comunidad científica deje pasar, en caso de ganar quien la propone, la candidatura de Álvarez-Buylla para un puesto tan importante.

¡Mira!

Mientras tanto, en la Cámara Alta del Congreso la cultura científica también brilla por su ausencia: el 7 de mayo la senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Partido del Trabajo (¡cómo no!) presentó un punto de acuerdo “de urgente resolución”, para exhortar al poder ejecutivo federal a apoyar “un experimento sustentado en una tesis matemática irrefutable [sic] que beneficiaría el desarrollo tecnológico de la nación”. Se trata nada menos que de la delirante y absurda tesis sobre “gravedad repulsiva” que un estudiante de ingeniería de la UNAM propusiera en 2014, con la que prometía fabricar autos voladores y ganar el primer premio Nobel de física para Latinoamérica.

Es vergonzoso que una propuesta así, equivalente a fabricar motores de movimiento perpetuo o gasolina a partir de agua, haya podido llegar a presentarse al Senado. Afortunadamente, su Comisión Permanente la desechó “total y definitivamente” el 22 de mayo. Menos mal.

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La pobreza de las ciencias

Por Martín Bonfil Olivera
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 10 de junio de 2018

El pasado 3 de junio falleció, a los 89 años, el astrólogo mexicano Esteban Mayo, decano de su disciplina.

La astrología es ampliamente reconocida como una seudociencia. En todo caso, su presencia en los medios podría justificarse como simple entretenimiento: divertido, con personajes que van de lo pintoresco a lo ridículo (recordemos a la versión churrigueresca del ya de por sí barroco Esteban Mayo, Walter Mercado, o a la indescriptible Mhoni Vidente). Pero eso sí: sin ninguna pretensión de validez. Quienes viven de ella son básicamente charlatanes que medran a base de estafar a la gente que realmente cree que pueden “predecir” el futuro. Y muchos estafan también de otras maneras: Mayo vendía además una serie de productos “de belleza y cuidado personal” como “aceites egipcios”, veladoras zodiacales personalizadas y libros esotéricos. A pesar de ello, la muerte de Esteban Mayo desató una serie de comentarios en las redes donde se le consideraba una especie de sabio, un maestro y poco menos que un benefactor de la humanidad.

Recuerdo una vez en que compartí con él una cabina de radio para una mesa redonda, donde expresó su desprecio hacia la ciencia: “Me dan lástima los científicos –expresó–, porque creen que saben”.

Hay que reconocer que en algo tenía razón “el astrólogo de las estrellas”: comparada con la astrología, la quiromancia, la cartomancia y otras “mancias” (artes adivinatorias), y con el pensamiento místico, mágico y esotérico en general, que básicamente lo saben todo –y lo que no lo inventan, diría mi abuelita–, la ciencia es una disciplina de gran pobreza y limitación. Lejos de saberlo todo, sabe muy poco, y lo poco que sabe se ve enormemente restringido, porque tiene necesariamente que basarse en la evidencia –o en las deducciones derivadas rigurosa, matemáticamente, a partir de ella.

Pero son esa pobreza y limitación, esa necesaria modestia, sus cualidades más valiosas. Porque lo poco que sabe la ciencia –aunque su acervo crece constantemente– lo sabe con una gran certeza. La ciencia produce el conocimiento más confiable que el ser humano ha sido capaz de generar. Conocimiento que, además, se corrige constantemente, cambia, evoluciona y avanza. Pero, paradójicamente, al avanzar nos va revelando el campo cada vez más extenso de lo que ignoramos.

Ya me gustaría a mí ver a un astrólogo, adivinador o esotérico que reconociera siquiera las limitaciones o la falibilidad de su disciplina.

Pedro Duque, astronauta y
ministro de ciencia español

Mientras en México ocurre esto, en la España que estrena un nuevo gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, pueden sentirse orgullosos de que su nuevo Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades es nada menos que un ingeniero aeronáutico y astronauta real de la NASA y la Agencia Espacial Europea: el madrileño Pedro Duque (@astro_duque), que ha dedicado su vida a la educación, la promoción del pensamiento científico y de la industria basada en ciencia, y al combate de las seudociencias. (Recientemente tuiteó, sarcástico: “El Reiki es lo que mi abuela llamaba “cura sana culito de rana”. A los niños con pupitas [ampollas por sarampión] los consuela mucho”, lo cual enfureció terriblemente a los defensores de esta seudoterapia.)

Por su parte, la nueva Ministra de Salud (en realidad de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), Carmen Montón, es licenciada en medicina y tiene una trayectoria de lucha por el matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo y otras valiosas causas sustentadas en el conocimiento científico. Es también una férrea crítica de las seudociencias. España tiene también a una Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que entre otras cosas buscará regular más estrictamente las centrales nucleares y reducir la emisión de gases de invernadero. Y hay otros seis nuevos ministros abiertamente opuestos a la charlatanería seudocientífica.

Al mismo tiempo, ante el hecho de que la mitad de los españoles confían en seudoterapias sin sustento científico o médico, la Confederación de Sociedades Científicas de España y la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas han decidido (en buenahora) lanzar una campaña para erradicar, a través de esfuerzos de divulgación y de cabildeo político, las seudomedicinas del sistema de salud español.

España salió recientemente de una grave crisis económica, y apenas supera una crisis política. Y aun así, al comparar con lo que sucede en nuestro país, donde las “medicinas alternativas” florecen con apoyo de distintas autoridades, la diferencia entre el primer y el tercer mundo resulta más dolorosa que nunca.

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