Legisladores: ¿ocurrentes o irresponsables?

Por Martín Bonfil Olivera
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 22 de abril de 2018

Comentábamos aquí la semana pasada que una de las grandes tragedias mexicanas es que las decisiones de Estado no se basan en el conocimiento científico pertinente.

Un ejemplo clarísimo es la manera en que, en el Poder Legislativo, se presentan con cierta regularidad iniciativas de lo más disparatado, producto de simples ocurrencias que suenan bien, pero que con frecuencia son producto de la demagogia, los intereses políticos o comerciales, o simplemente la ignorancia amparada en los buenos deseos (recordemos aquella lamentable, en 1992, cuando en la Asamblea Legislativa del DF se presentó una para modificar el código civil del entonces DF, con el urgentísimo objetivo de prohibir ¡la clonación humana!).

Este desprecio no se limita a las ciencias naturales: muchas propuestas ignoran incluso al derecho, las humanidades y las ciencias sociales, como lo demuestra la disparatada iniciativa, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados –y que, si tenemos suerte, podrá ser detenida en la de Senadores– de eliminar el fuero para gobernantes y altos funcionarios de gobierno.

Producto de lo que Héctor Aguilar Camín ha definido como las dos fuerzas que mueven el sentir político de los ciudadanos mexicanos en estos tiempos –el enojo y el miedo–, la idea de eliminar el fuero suena en principio genial, tomando el cuenta el uso abusivo y aberrante que se hace de él en México. Pero eliminarlo, en vez de reglamentarlo y corregir su mal uso, es una idea peligrosísima. La función del fuero, que está presente en todas las democracias, es precisamente proteger a gobernantes y funcionarios de los ataques políticos disfrazados de acusaciones penales (pregúntenle al Peje, en 2005, cuando el fuero fue lo único que impidió que fuera acusado y encarcelado).

Volviendo a las ciencias, en este caso biomédicas, suena también genial otra iniciativa: la presentada recientemente para reformar la Ley de Salud para definir como “presuntos donadores” a todos los adultos de 18 años en adelante, de modo que no se tuviera que solicitar su autorización para disponer de sus órganos con fines de donación, a menos que expresamente hubieran manifestado su voluntad en contra (es decir, justo lo contrario de lo que hoy sucede). Sabemos que en nuestro país existe un enorme retraso en cuanto a donación de órganos. Cientos o miles de pacientes esperan meses o años para disponer de un trasplante que les salve la vida, y muchos de ellos mueren sin recibirlo.

Pero convertir, súbitamente y por decreto, a todos los ciudadanos en donadores de hecho es una idea que tiene muchos y graves problemas.

En primerísimo lugar, porque el sistema de salud simplemente no tiene la capacidad, ni material ni en personal preparado, para recibir y manejar esa cantidad inmensa de órganos (que requieren un manejo preciso y muy especializado), y realizar esa cantidad de trasplantes (un procedimiento quirúrgico delicado).

Aunque los diputados se apresuraron a aplaudir y aprobar la iniciativa, los expertos en trasplantes ya se manifestaron, si no en contra de ella, sí de que se apruebe “en el formato actual” (Milenio Diario, 18 de abril). El director general del Centro Nacional de Trasplantes, José Salvador Aburto, por ejemplo, pide que se dé mayor tiempo para analizar la iniciativa, y

de asegurarse “que todos los ciudadanos conozcan el concepto, entiendan perfectamente de qué se trata, y manifiesten entonces si están de acuerdo con la donación o la rechazan”. Por su parte, el coordinador nacional de trasplantes del ISSSTE, Aczel Sánchez, declara que primero habría que “fortalecer con recursos humanos y financieros a las instituciones para poder atender las necesidades de donación y trasplantes”.

Pero hay otros argumentos: desde el punto de vista de la bioética, el cuerpo es propiedad inalienable del individuo –mismo argumento que se usa para defender el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Al disponer por decreto de los órganos del cuerpo de un ciudadano fallecido, el Estado se estaría excediendo en sus facultades y violando el derecho de la persona fallecida, y de sus familiares y seres queridos, a tomar la decisión final. Hay también numerosos ciudadanos que, por razones religiosas, sentimentales o ideológicas no estarían de acuerdo con una donación automática. En distintos países hay leyes que toman en cuenta estos derechos de distintas maneras. Pero prácticamente en ninguno, salvo regímenes autoritarios, se impone la donación por default.

Por otra parte, muchos ciudadanos están incapacitados para ser donadores, ya sea por edad o por padecer distintas enfermedades degenerativas o infecciones, como VIH, hepatitis, mal de Chagas, tripanosomiasis, sífilis y otras. Muchos de ellos no son conscientes siquiera de padecerlas. ¿Cuál sería el sistema para tener registros médicos actualizados y accesibles para poder decidir, en unas apremiantes pocas horas (porque un órgano para donación solo es viable por un tiempo muy limitado), si el fallecido es un donador adecuado? El precio de un error sería que a través de un órgano infectado, por ejemplo, un paciente trasplantado fuera además víctima de una infección.

No hay que descartar tampoco la posibilidad de que un aumento súbito de la cantidad de donadores detonara un mercado negro de órganos.

Y finalmente, ¿por qué sólo mayores de 18? Hay cantidad de niños que también necesitan trasplantes. La limitación a usar los órganos solamente de ciudadanos fallecidos mayores de edad revela que, en efecto, hay otros factores de tipo social, emocional o religioso que se toman en cuenta para los menores de edad, pero extrañamente no para decretar donadores a los adultos.

Como se ve, habrá que pensar mucho y con cuidado la manera de implementar una iniciativa de este tipo, y antes de aplicarla habría que invertir en infraestructura material y humana. Afortunadamente, al parecer la votación fue pospuesta debido precisamente a la falta de consenso de los expertos.

Esperemos que prevalezca la sensatez por encima del voluntarismo deseoso de ganar aplausos o votos fáciles, y la iniciativa se modifique para convertirse en una propuesta más realista, razonada y respetuosa de los derechos humanos. Una que, más que transformar donación en obligación, tratando a los ciudadanos con un paternalismo autoritario, se base en una amplia campaña de donación, ahora sí, voluntaria y centrada en una ciudadanía responsable y bien informada. No es tan difícil si hay voluntad.

¡Mira!
Como colofón a esta historia, me entero de última hora que el Congreso está considerando aprobar otra iniciativa presentada por el PRI en la Cámara de Diputados, en esta ocasión para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y que atenta contra el Estado Laico al proponer que se amplíen los derechos del clero para adquirir bienes inmuebles sin el visto bueno de la Secretaría de Gobernación; a que las asociaciones religiosas reciban contribuciones no reguladas; a realizar manifestaciones para expresar creencias; a poseer y operar estaciones de radio y televisión; a permitir que ministros de culto basados en su cuerpo doctrinal puedan expresarse contra políticas y legislaciones, y a insistir –a pesar de que ya fue, vergonzosamente, aprobado– el derecho de la objeción de conciencia. No es necesario decir más.

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