Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 15 de abril de 2018
Estamos ya de lleno en el “Año de Hidalgo”, y el actual gobierno federal, y quien lo encabeza, parecen tener prisa por terminar de cumplir todas las promesas que puedan. Algunas de ellas tienen que ver con la ciencia y la tecnología, y aunque una de las más importantes quedará olvidada –la de elevar la inversión en este rubro al uno por ciento del Producto Interno Bruto para el final del sexenio–, el presidente Peña Nieto acaba de presentar al Senado de la República, el pasado 5 de abril, una interesante iniciativa para modificar la Ley de Ciencia y Tecnología, con el fin de fortalecer el llamado “Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología”.
En un eficaz resumen, Leticia Robles informa en Excélsior (9 de abril) que los principales objetivos de la iniciativa son proteger a este sector –y en particular al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)– de los vaivenes sexenales que hacen que en nuestro país todas las instituciones y proyectos se reinventen con cada cambio de gobierno, y que han impedido así la continuidad y el avance sostenido. Y, por otra parte, avanzar en la creación de una verdadera Política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación.
¿Por qué es importante esto? Porque, a pesar de que desde la creación del Conacyt, en 1970 –hace ya casi 50 años– el apoyo a las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico, innovación y vinculación con la industria, educación y divulgación científica, y otras más comenzó a recibir más reconocimiento y apoyo desde el gobierno, y a ser coordinado de manera más eficaz, aún no hemos logrado, como país, definir un rumbo y mantener una serie de proyectos con visión de largo plazo para ayudar a que nuestra nación desarrolle su potencial científico, tecnológico e industrial.
Tampoco hemos logrado que los gobiernos se apoyen en la ciencia y la tecnología para plantear políticas para abordar problemas sociales, ambientales o de salud, nuevamente con visión de largo plazo: hasta el momento, todos los programas y proyectos suelen tener una duración de cinco años o menos, y no tienen garantía de continuar con los cambios de gobierno. No hemos logrado, pues, plantear una verdadera Política de Estado en ciencia y tecnología digna de ese nombre.
La iniciativa de Peña Nieto, que retoma propuestas del Conacyt y de la comunidad científica en general, plantea siete líneas de desarrollo, que incluyen la planeación transexenal; el fortalecimiento de los Centros Públicos de Investigación del Conacyt (incluyendo que sus miembros sean considerados como académicos, y no como burócratas, y incluso que puedan beneficiarse de parte de las ganancias generadas por sus desarrollos tecnológicos, sin que se consideren parte de su salario: un excelente estímulo que es prácticamente inédito en el sector público en México); el fortalecimiento del Conacyt, para que su director no pueda ser un burócrata, sino un académico reconocido, y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, para que ahora atienda no sólo a la presidencia, sino a los tres poderes; la creación de un consejo de 20 asesores científicos para el presidente, nombrados por el Conacyt (aunque habrá que ver si realmente los consulta, cosa que no han hecho los últimos presidentes con los asesores de diversos organismos científicos); y finalmente una mayor transparencia en el manejo de fondos y una mayor apertura en la información generada por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (entidad que, por cierto, no existe formalmente, pero cuyo reconocimiento, así sea como concepto en desarrollo, es importante).
En una mesa redonda donde se presentó la iniciativa, el doctor Enrique Cabrero, director del Conacyt y uno de los artífices de la propuesta, respondió duros cuestionamientos acerca de lo tardío de su presentación: “no estaban dados todos los elementos para hacer una propuesta”, y “en México se suele pensar en el futuro cuando se acerca un cambio de gobierno”. También aclaró que no se trata de “crear un superConacyt”, y que no se propuso crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología porque eso significaría seguir supeditados al control vertical de los gobiernos y a los vaivenes sexenales (La Jornada, 11 de abril). Aunque ya han surgido voces críticas del proyecto, creo que en principio promete ser útil y valioso, y conviene analizarlo con detalle. Ya lo están haciendo, “de manera urgente” –aunque espero que no al vapor– las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Educación del Senado, con el fin de aprobar la iniciativa antes de que termine el actual periodo de sesiones el próximo 30 de abril.
Termino estas líneas para entregarlas a la redacción mientras me preparo para asistir a la Marcha por la Ciencia, cuya asistencia espero sea muy nutrida. Uno de sus lemas, “Sin ciencia no hay futuro”, me parece hoy más certero que nunca.
Quizá la iniciativa presentada al Senado sea tardía, y probablemente sea imperfecta. Siempre se podrá mejorar. Quizá sean también cuestionables los motivos para presentarla. Lo que no se puede negar es que es un paso en el rumbo correcto. Y eso nunca está mal.
1 comentario:
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