Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 4 de febrero de 2015
Se podría decir que los principales problemas del país se resumen en tres áreas: la terrible ola de injusticia, violencia e inseguridad que vivimos; la crisis económica que se avecina, producto principalmente de la baja en los precios del petróleo, y la rampante corrupción de los gobernantes.
Respecto a la primera no hay mucho que decir: todos conocemos la lamentable situación y la nula credibilidad pública de las autoridades. Aun así, los aportes de científicos criminólogos, nacionales y extranjeros, pueden ayudar un poco al aportar información confiable.
Respecto a la crisis, más allá de lo impredecible de los vaivenes de la economía mundial (las ciencias económicas distan mucho de ser exactas), y a pesar del seguro adquirido para garantizar a nuestro país el precio mínimo de 79 dólares por barril de petróleo durante 2015, mucho se podría achacar a la falta de previsión del gobierno. Nunca se hicieron los esfuerzos suficientes para despetrolizar nuestra economía, ni se ha invertido lo que hubiera sido necesario para desarrollar fuentes alternas de energía. En un país con el nivel de insolación que tiene México, el desarrollo de tecnología solar, junto con otras como la eólica, la geotérmica o incluso la nuclear (el abandono en que se tiene al ININ –Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares– desde hace décadas es vergonzoso) debería haber sido apoyado generosamente. Otro ejemplo de la poca importancia que se le da a la ciencia y la tecnología, a las que se ve como “lujos” cuando podrían ser parte de la solución a muchos problemas estructurales del país.
Es en la tercera área, la corrupción, en la que al parecer por fin se comienza a hacer algo. Muy poco, pero algo. Ayer martes el presidente Peña Nieto anunció públicamente –antes de quejarse de que su público no aplaudía– ocho “acciones ejecutivas” que sin duda, si llegaran a aplicarse correctamente –la poca credibilidad del gobierno no es gratuita–, resultarían muy benéficas. Entre ellas destaca, además de reforzar la obligación de todo funcionario de entregar una declaración de bienes (algo que hasta ahora se ha hecho sólo a medias y mal), el nuevo deber de entregar también una declaración de conflictos de interés. Una muy sana práctica, aplicada internacionalmente.
También es de elogiarse el rescate de la Secretaría de la Función Pública (sobre su nuevo titular no tengo nada que decir), esperamos que con nuevos bríos, y el anuncio de que se creará en ella una unidad especializada en ética y prevención de conflictos de interés. Ésta y otras de las medidas anunciadas ayudarán a fortalecer y consolidar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
Pero quizá el anuncio más importante de Peña sea el de que la propia Secretaría investigará “si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles” con él mismo, su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, acusaciones que han puesto en duda la credibilidad de su gobierno. Otro acierto es ordenar la creación de “un panel de expertos con reconocido prestigio en el tema de transparencia” que evaluará de manera independiente la calidad de dicha investigación. No porque sea creíble que vayan a hallar culpables a los sospechosos, sino porque todo ello es expresión de que la presión social ante un evidente caso de conflicto de interés forzó al presidente a reconocer el problema y a actuar en consecuencia.
Ojalá las acciones propuestas se cumplan. Pero ojalá, también, que los ciudadanos mexicanos nos sintamos comprometidos a hacerlas cumplir. En una verdadera democracia, la responsabilidad del buen gobierno no recae sólo en los funcionarios, sino en cada ciudadano.
El gran astrónomo y divulgador científico Carl Sagan, en su clásico libro El mundo y sus demonios (cap. 2), explica que “Los valores de la ciencia y los valores de la democracia son concordantes, en muchos casos indistinguibles. La ciencia prospera con el libre intercambio de ideas, y ciertamente lo requiere; sus valores son opuestos al secreto. (…) Tanto la ciencia como la democracia alientan las opiniones poco convencionales y un vivo debate. Ambas exigen raciocinio suficiente, argumentos coherentes, niveles rigurosos de prueba y honestidad.” Para él, formar individuos con un pensamiento científico, por necesidad crítico y riguroso, equivale a formar buenos ciudadanos para una sociedad democrática.
Si hoy el gobierno ofrece transparencia, nos corresponde a nosotros exigir que cumpla, y evaluar de manera racional y justa el resultado de la misma. Quizá con ello pueda mejorar un poco la angustiosa situación nacional. Quizá.
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5 comentarios:
Qué artículo más interesante! Muy buenos contenidos, me encanta vuestro blog.
Martín, no me queda muy claro eso de que la credibilidad del gobierno esté en duda. Yo creo que no hay ninguna duda acerca de la total falta de credibilidad.
Un abrazo
Gracias, Jorge.
Antonio: Je.
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quedo muy claro y entiendo como afecta la presion social ya que estar en un puesto donde cualquier error sea notivo de burla todos debemos ser cuidadosos
Luis Fernando cecyt 9
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