Publicado en Milenio Diario, 11 de mayo de 2004
Aires de intolerancia recorren el mundo.
En el mundo del arte: en Guadalajara la “intervención urbana” llamada “Patriotas”, de Claudia Rodríguez ((poner aros hula alrededor de estatuas de los niños héroes) fue censurada por la Secretaría de Cultura estatal. En Roma hubo protestas por sectores conservadores ante la obra de Maurizio Cattelan, que mostraba tres maniquíes realistas de niños colgando “ahorcados” de un roble. En educación: el Tec de Monterrey realiza pruebas de alcoholímetro a sus alumnos, para impedir que beban en cantinas cercanas, según reportó Reforma (7 de mayo).
Y lo que más nos interesa aquí: en política científica: el columnista del mismo diario Carlos Elizondo Mayer-Serra, antes de partir para sustituir a Carlos Flores como embajador de México ante la OCDE (donde promete conducirse con legalidad y no comprar colchones de 20 mil pesos), se da el lujo de criticar la propuesta del Congreso de una ley que obligue a invertir el uno por ciento del producto interno bruto en ciencia y tecnología. Erróneamente en mi opinión, Elizondo considera este dinero no como inversión, sino como gasto (aunque tiene razón al decir que el beneficio no es automático, sino que depende cómo se gaste el dinero). A estas alturas, debería estar claro que invertir en ciencia y tecnología es una de las estrategias que, a mediano y largo plazo, claro está, pueden ayudar a sacar al país del subdesarrollo. Con razón Marcelino Cereijido, destacado investigador del cinvestav-ipn, desespera de oír a los gobiernos prometer que invertirán en ciencia “cuando mejore la situación del país”, en vez de darse cuenta que invertir en ciencia es la mejor manera de hacer que tal situación mejore. Conviene leer su librito Por qué no tenemos ciencia (Siglo XXI).
Pero todo lo anterior palidece ante la actitud del presidente George Bush y su gabinete, que en febrero pasado fueron denunciados por la Unión de Científicos Preocupados (Union of Concerned Scientists, UCS) de los Estados Unidos por suprimir y distorsionar hallazgos científicos que van en contra de las políticas de esa administración.
En un reporte publicado en la red (www.ucsusa.org) y firmado por 62 científicos de primera línea, incluyendo a 20 premios Nobel y 19 ganadores de la medalla nacional de ciencia, la UCS acusó a la administración Bush de evitar la difusión de resultados de investigaciones sobre calentamiento global, calidad del aire, salud sexual y otros temas.
La ciencia actual que es una actividad antes que nada social (los tiempos del científico solitario se han ido, si es que alguna vez existieron). Social no sólo porque la investigación se hace en grupos interdisciplinarios y cada vez más grandes (los nombres de los autores del artículo del desciframiento del genoma humano, en febrero del 2001, ocupaban toda una página de la revista Nature). Social también porque el dinero y los recursos humanos y materiales (e incluso las condiciones legales) para poder desarrollar la investigación no dependen sólo de las decisiones de los científicos, sino de la sociedad en su conjunto.
Pero quizá lo más importante de la ciencia como actividad social es que, para que los resultados de una investigación científica sean considerados válidos, tienen que haber sido aprobados por los colegas del investigador, en un proceso conocido como “revisión por pares” (peer review). Como mostrara el historiador Thomas Kuhn, es la aceptación de la comunidad lo que hace que un resultado sea científico. Y es precisamente el hecho de que sean colegas lo que hace que, por ejemplo, los árbitros de los artículos que se envían a las revistas científicas especializadas puedan juzgarlos y criticarlos expertamente, solicitando, en su caso, los cambios (o incluso los nuevos experimentos) requeridos para aceptar el artículo. Un alto número de artículos, claro, son rechazados, y por tanto no pasan a formar parte del corpus del conocimiento científico aceptado.
La administración Bush pretende interferir en el proceso de revisión por pares proponiendo que la Oficina de Administración y Presupuesto (dependiente de la Casa Blanca) haga su propio proceso de evaluación de los resultados de investigación científica. El gobierno ha también presionado a organizaciones científicas para que no acepten artículos provenientes de países como Cuba, Irán y Libia, sometidos a embargo por los Estados Unidos.
Scientific American, quizá la más prestigiada publicación de difusión científica a nivel mundial, publica en su número de mayo un severo editorial en el acusa a la administración Bush de tergiversar los hallazgos de la Academia Nacional de Ciencias sobre el cambio climático y de eliminar de un reporte los datos de la Agencia de Protección Ambiental sobre el mismo tema. También se ha sustituido a científicos miembros de las comisiones asesoras del gobierno por miembros por elementos vinculados con la industria.
Y es que, como afirma el congresista estadounidense Henry Waxman en entrevista en Scientific American, “los beneficiarios de estas distorsiones son en su mayor parte los partidarios políticos de Bush, incluyendo a la Coalición por los Valores Tradicionales (un grupo político apoyado por la iglesia de Washington) y la gente que cabildea a favor de la industria petrolera”.
Hace falta entender cómo funciona la ciencia para poder apreciarla y defenderla. Claro que en México sería imposible que algo así pasara. Para ello, primero tendríamos que tener una ciencia desarrollada. ¡Qué suerte!
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