Refrescos y pensamiento crítico

Por Martín Bonfil Olivera
Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 6 de enero de 2016

Una de las características más básicas de la ciencia es que insiste en pedir evidencia de las cosas que se afirman.

Es por eso que los científicos solemos ser desesperantes (como lo ejemplifica admirablemente el insoportable y pedante Sheldon Cooper, de la serie de TV La teoría del Big Bang). No podemos aceptar que alguien simplemente diga algo; tenemos que preguntar cómo lo sabe, en qué evidencia se basa su dicho. Se trata de una deformación profesional, aunque nosotros lo consideramos una valiosa virtud aprendida. Todos los científicos somos un poco Sheldon Cooper…

Curiosamente, también los periodistas –al menos, los buenos periodistas– se forman en el hábito de cuestionar, de pedir evidencia de las afirmaciones y de no aceptar la palabra de alguien sólo por el prestigio o la reputación de quien habla.

En su libro El mundo y sus demonios Carl Sagan afirma que “los valores de la ciencia y los de la democracia concuerdan; en muchos casos son indistinguibles”. Para él, todo buen miembro de una democracia debería pensar como los científicos y los periodistas: usar el pensamiento crítico para tomar decisiones como un ciudadano responsable, no con base en propaganda o promesas de campaña, sino en datos verificables y argumentos dotados de coherencia lógica.

Por desgracia, la mayoría de las personas, en especial en países como México, tendemos más bien a opinar con base en creencias, en filias y fobias, en nuestras tendencias ideológicas o en lo que dicen los demás. En esta era de redes sociales, parece valer más un meme en Facebook que un argumento basado en evidencia.

Un ejemplo interesante es el debate, tanto legislativo como mediático, y entre los ciudadanos de a pie, sobre el impuesto a los refrescos azucarados que se implantó en enero de 2014, luego de haber sido propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso en octubre de 2013.

El pasado 3 de noviembre el prestigiado diario británico The Guardian publicó un amplio y cuidadosamente documentado reportaje firmado por Tina Rosemberg, titulado “Cómo uno de los países más obesos del mundo se opuso a los gigantes refresqueros”. En él describe no sólo hechos como los que de sobra conocemos los mexicanos (que somos el primer país del mundo en obesidad adulta y el segundo en obesidad infantil; que somos el principal consumidor de refrescos; que nuestra tasa de diabetes ha aumentado monstruosamente en los últimos años; que el sistema de salud no podrá hacer frente a los gastos que esto traerá), sino también muchos hechos poco difundidos.

Por ejemplo, que las zonas más pobres de Chiapas son las que tienen el mayor consumo de refrescos. O que la propuesta de aumentar el impuesto a los refrescos había sido frenada por el intenso cabildeo de la industria refresquera, que en todo el mundo se opone a este tipo de impuestos –recomendados por la Organización Mundial de la Salud como medida para combatir la epidemia global de obesidad– usando el argumento de que basta con hacer ejercicio para anular los efectos de tomar refresco (falso: los estudios indican que la dieta es mucho más importante que la actividad física para combatir la obesidad; además, los refrescos, que contienen al menos 12 cucharadas de azúcar por lata, son la fuente de carbohidratos que más la fomentan, pues a diferencia de los alimentos sólidos no producen sensación de saciedad).

En todo el mundo, los esfuerzos por aprobar impuestos a los refrescos han topado con el poder mediático y político de las refresqueras (encabezadas, claro, por Coca Cola, que donan amplias cantidades de dinero a organizaciones y gobiernos para apoyar, por ejemplo, eventos deportivos que mejoren su imagen pública). ¿Qué pasó en México? Básicamente, explica Rosenberg, que los esfuerzos y campañas de organizaciones ciudadanas a favor del impuesto, en particular “El poder del consumidor”, fundada por el activista Alejando Calvillo, recibieron apoyo económico del multimillonario Michael Bloomberg, quien era alcalde de Nueva York, donde había intentado infructuosamente limitar el consumo de refrescos.

Fue gracias a este apoyo, y a las campañas intensas que se pudieron financiar con él, que el cabildeo a favor del impuesto logró, con el cambio de gobierno en México, su aprobación. Y de pilón, se aprobó también otro impuesto a la “comida chatarra” (pastelillos, frituras y similares), y se limitaron los anuncios de refrescos y comida chatarra en horarios infantiles de televisión.

Los datos son claros: el impuesto de un peso por litro de refresco (10% sobre el precio, aunque lo recomendado para tener un efecto más eficaz es un 20%) logró disminuir en 12% el consumo de gaseosas en el primer año (y el del agua embotellada aumentó en 4%). Y no sólo eso: la disminución fue mayor (17%) entre los grupos más pobres.

Aun así, probablemente gracias a la propaganda de refresqueras y promotores del liberalismo económico extremo –que se opone por principio a cualquier tipo de regulación del mercado– muchos mexicanos siguen pensando que el impuesto al refresco “no funcionó”. Y las refresqueras, con sus cabilderos y aliados políticos, están en campaña activa para intentar echarlo abajo.

No les falta razón: como dice Rosenberg en su reportaje, “el refresco está a punto de convertirse en el cigarro líquido”. Muchos países examinan el caso de México para impulsar sus propios impuestos para combatir la obesidad y diabetes. Los días del imperio refresquero parecen estar contados.

Eso, o países como México estarán condenados a cargar con una población obesa y enferma.

Feliz dieta de año nuevo.

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Contacto: mbonfil@unam.mx

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