Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM
Publicado en Milenio Diario, 12 de junio de 2013
La Constitución mexicana, en su artículo 3º, establece que la educación pública deberá ser laica y “ajena a cualquier doctrina religiosa”. Al mismo tiempo, exige que esté basada en “los resultados del progreso científico”, y luche contra “los fanatismos y prejuicios”. En su artículo 40 extiende el laicismo a todo el Estado: “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal”.Los recientes y vergonzosos incidentes que han protagonizado diversos alcaldes y gobernadores de distintos estados, en que “consagran” las entidades que gobiernan al sagrado corazón de Jesús, o bien las “entregan” al señor Jesucristo, reconociéndolo como “máxima autoridad”, son muestra de la embestida que las iglesias cristianas –la católica y la evangélica, en una competencia nefasta– están llevando a cabo contra el Estado laico.
La exclusión de la religión en todo acto y decisión de gobierno –y la confianza en la ciencia– no son meros caprichos jacobinos. Existen al menos tres argumentos que la justifican.
El primero, expuesto en varias ocasiones por el experto Roberto Blancarte en las páginas de Milenio Diario es que, existiendo múltiples religiones, dar preferencia a cualquiera de ellas es, inevitablemente, discriminar a las demás. La única alternativa es dejar a todas al margen del estado, relegándolas, con toda justicia, al ámbito de lo privado. Lo cual no quiere decir prohibir sus manifestaciones públicas; sólo aquellas en las que se mezclen con los asuntos de gobierno.
El segundo argumento es que, como forma de resolver problemas, las religiones, más allá del confort espiritual que pueden ofrecer, son notoriamente ineficaces (a diferencia de la ciencia, que ofrece conocimiento confiable para tomar decisiones informadas, el cual resulta muy útil para solucionar problemas). Pensar, como expresó la impresentable alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes (quien ha sido además acusada de otorgarse un salario excesivo, superior al del gobernador de su estado), que “la participación humana… no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que sólo la luz de la fe de Dios puede desvanecer” es reconocerse incapaz de cumplir con la función que le encomendaron los ciudadanos: gobernarlos y protegerlos. Si esa es su manera de resolver problemas como la inseguridad, poco puede esperarse.
Finalmente, como expresó el regidor Eugenio Montiel Amoroso, del ayuntamiento de Monterrey, la idea de que los problemas de un municipio, una estado o un país provienen de “fuerzas oscuras” y pueden ser resueltos por seres espirituales –existan éstos o no– posiblemente revela alguna patología psicológica que impide distinguir realidad y fantasía.
Son ya demasiados casos de este “populismo” o “exhibicionismo” religioso que abiertamente viola la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas. Es hora de que la Secretaría de Gobernación, a través de su Subsecretaría de Asuntos Religiosos, tome cartas en el asunto y sancione –no sólo regañe o “reconvenga”– a los funcionarios que, en abierto desacato ("voy a seguir participando", advierte la alcaldesa regia), desafían el estado laico. ¿O tendremos que ser los ciudadanos quienes lo exijamos?
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